La diputada nacional Alcira Figueroa del bloque del Frente de Todos por Salta, presentó un proyecto para actualizar la Ley de Educación Superior (LES), vigente desde 1995, busca incorporar a ese nivel de enseñanza a estudiantes de los pueblos originarios y afrodescendientes, minorías que no fueron incluidas en la norma.
Esta medida de abstención a las comunidades; “profundizó la discriminación estructural de esos sectores históricamente invisibilizados”, consideró hoy Daniel Mato, titular de la Cátedra Unesco de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref).
La iniciativa, también elaborada por la Cátedra Unesco de la Untref, cuenta con el respaldo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a las 57 universidades públicas del país, y del secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa.
Dado que muchas universidades están ubicadas a más de 500 kilómetros de las comunidades originarias, las dificultades para acceder a la educación superior origina el desmembramiento de esos pueblos si los jóvenes emigran para proseguir sus estudios superiores.
También influye, explicó Mato, la falta de becas específicas que pongan en pie de igualdad a los integrantes de estos sectores con el resto de la sociedad, lo que incluyen el respeto integral por sus culturas y costumbres.
“La Ley de Educación Superior asegura derechos a personas con discapacidad, por género y orientación sexual, pero nada dice sobre los pueblos originarios y los afrodescendientes, y esto no solo es inconstitucional sino que, también, es discriminatorio”, dijo Daniel Mato, titular de la Cátedra Unesco de la Untref.
Mato aseguró que Argentina “está obligada por tratados internacionales incorporados a la Constitución a incorporar en la LES esta actualización” y añadió “que ellos no estén, y sí otros sectores habla de un sesgo racista en nuestra sociedad”.
De acuerdo al último censo, existen casi 150.000 personas afrodescendientes en el país, mientras que cerca de 955.000 personas se identifican como indígenas.
Solo el 10% de los jóvenes de entre 20 y 29 años provenientes de comunidades indígenas cursa estudios de nivel superior, en comparación al 35% de la población general del mismo rango etario, según datos del Censo Nacional 2010.
Los originarios que ingresan en la educación superior son muy pocos ya que muchas escuelas secundarias carecen de interculturalidad, y en las universidades “existe una vacancia en el conocimiento y cosmovisiones de los pueblos indígenas y afrodescendientes”, dijo Alpa, durante la presentación virtual del proyecto.
De esta forma, los esfuerzos que realizan las universidades para facilitar el acceso a estos sectores “son individuales, no hay una ley que obligue al Estado a garantizar esos derechos”, detalló Mato.
En 21 de las 57 universidades públicas existen algunos programas que favorecen la inclusión y sólo en dos de ellas, la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) hay programas de becas específicas para estos estudiantes.