El Gobierno argentino declaró este jueves la emergencia pública ferroviaria, tras el choque del tren de la línea San Martín que dejó cerca de 90 heridos semanas atrás. La medida fue oficializada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei y publicado en la última edición del Boletín Oficial.
La emergencia estará vigente por un plazo inicial de dos años, prorrogable una única vez por el mismo período. Esta abarca los servicios de transporte de pasajeros y cargas de jurisdicción nacional, además de todas las actividades relacionadas con la administración y el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y la operación de los servicios ferroviarios en la Red Ferroviaria Nacional.
En los considerandos del DNU, se menciona que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) realizó una evaluación de desempeño del sistema ferroviario correspondiente al ejercicio anual 2023. El informe reveló «la delicada situación en la que se encuentra inmerso el Sistema de Transporte Ferroviario Nacional».
El documento de la CNRT señala que «el mayor porcentaje de descarrilamientos se ha manifestado en el transporte ferroviario de cargas», atribuyéndolo en gran medida al deterioro de la infraestructura. En cuanto al transporte ferroviario de pasajeros, se destaca que «la degradación del mantenimiento de la infraestructura y del material rodante genera reducciones de velocidad de vía, con el consecuente aumento de tiempo de viaje» y la «suspensión de los servicios».
A raíz de esta situación, el decreto establece que las empresas ferroviarias deberán presentar a la Secretaría de Transporte de la Nación «un esquema de priorización de obras, trabajos, capacitaciones y contrataciones». Este esquema deberá incluir una breve descripción de cada proyecto, el plazo de ejecución, estimaciones presupuestarias, la factibilidad de financiamiento, condiciones de mantenimiento y seguridad, y, en caso de ser necesario, adecuaciones de las condiciones laborales de los trabajadores. El objetivo es «revertir la situación» del sistema ferroviario nacional.
Esta declaración de emergencia es un intento de abordar y mejorar la seguridad y eficiencia del sistema ferroviario, que ha mostrado signos significativos de deterioro y riesgo tanto para pasajeros como para el transporte de cargas.
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