En el marco de un amparo presentado en 2019, la Corte Suprema solicitó a las Secretarías de Minería de Salta, Jujuy y la Nación documentación precisa vinculada a la autorización de proyectos mineros en Salinas Grandes.
El fallo judicial determinó que en un plazo no mayor de treinta días los gobiernos provinciales involucrados y la Nación deberán requerir la documentación certificada sobre la exploración y explotación de litio y boratos en el área de la cuenca altoandina.
Las comunidades originarias de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, quienes demandaban la información ambiental hace años, son representadas por la abogada Alicia Chalabe, quien había solicitado en el amparo original una gestión integral ambiental del territorio que incluya sus opiniones de manera vinculante. Además de la constitución de un comité de expertos independientes, con participación de especialistas designados, que estudien con un enfoque ecosistémico de hidrología, la biodiversidad y los aspectos socioculturales de la cuenca.
La letrada, al conocer la determinación de los jueces, expresó: “Ahora vamos a poder contar con la información que solicitamos hace tanto tiempo” y agregó que “La Corte declaró que Salinas Grandes-Guayatayoc es una cuenca compartida por tres jurisdicciones: las provincias de Jujuy y Salta, más el Estado argentino. Por lo tanto, las tres deben cuidar el recurso, inclusive asegurar un reparto equitativo”.
Para amparar el razonamiento de la corte que determinaron las solicitaciones finales, se incluyeron el principio fundamental de in dubio pro natura y el principio in dubio pro agua, los cuales constan de que «en caso de incerteza las controversias ambientales y de agua deberán ser resueltas en los tribunales, y las leyes de aplicación interpretadas del modo más favorable a la protección y preservación de los recursos de agua y ecosistemas conexos”.
Los demandantes contaron con el asesoramiento de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la cual apoyó el seguimiento de la actividad minera en la zona por considerarse afectadas directamente en su derecho a un ambiente sano, a la vida, al agua y a la autodeterminación. Estas solicitaron que “se ordene a los demandados (las provincias de Salta y Jujuy, más el Estado Nacional, suspender todos los actos administrativos que promueven y autorizan, la exploración y explotación de litio y borato, en la Cuenca Salinas Grandes”.
Se mantienen expectantes ante el fallo las comunidades de Tusaquillas, Saldillas, Sianzo, Alfarcito, Tambillas, Barrancas, Cochagaste, Casabindo, Queñoalito, Sauzalito, Aguas Blancas, Santuario de Tres Pozos, El Moreno, El Angosto y Rinconadillas, quienes resisten al avance de la minería hace más de una década en su territorio ancestral.