El Gobierno de Javier Milei oficializó este lunes la privatización total de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), al autorizar la venta del 90% de las acciones que hoy pertenecen al Estado nacional. El proceso quedó habilitado con la publicación del Decreto 494/2025 en el Boletín Oficial, firmado por el Presidente y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Según lo dispuesto, el 51% del capital accionario deberá quedar en manos de un único operador estratégico, que será seleccionado mediante una licitación pública nacional e internacional. El resto de las acciones se ofrecerá en los mercados bursátiles argentinos, sin incluir un Programa de Propiedad Participada para empleados ni aplicar preferencias legales.
La operación será coordinada por el Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Esta última tendrá como misión supervisar la transparencia y cumplimiento de todo el proceso.
El Ejecutivo justificó la decisión en el fuerte déficit operativo que arrastra AySA desde su creación. Según datos oficiales, el Estado transfirió cerca de USD 13.400 millones entre 2006 y 2023 para sostener sus operaciones. Pese a ello, aseguran que hubo caída en la productividad y aumento de los costos operativos.
Además, remarcaron que para garantizar un servicio eficiente de agua y saneamiento en el AMBA, se requiere una inversión en infraestructura que ni la empresa ni el Estado están en condiciones de afrontar, dado el actual contexto de ajuste fiscal.
El decreto también establece que el Ministerio de Economía deberá asegurar la continuidad del servicio público de agua potable y desagües cloacales durante el proceso de transición y posterior privatización.
AySA ya había sido incluida entre las empresas sujetas a privatización en el artículo 2 de la Ley Bases (N.º 27.742). En ese marco, se había presentado un plan de transición para el período 2024-2026, que buscaba adaptar los compromisos de la empresa a sus verdaderas capacidades operativas.