A través de un requerimiento oficial, el Ministerio de Capital Humano solicitó al Gobierno bonaerense que informe si se iniciaron actuaciones administrativas por un supuesto caso de adoctrinamiento político en una institución privada de Pilar. El pedido apunta a determinar la veracidad de los hechos y el accionar de los organismos competentes.
El pedido fue dirigido a la Dirección General de Cultura y Educación y está vinculado a un acto escolar realizado en el St. John’s School, donde una inspectora educativa habría realizado expresiones de contenido ideológico frente a alumnos de nivel primario de ese establecimiento.
Según indicó la cartera nacional, tomó conocimiento de una grabación en video que deberá ser verificada por las autoridades bonaerenses. En ese registro, la funcionaria —perteneciente a la Región Educativa 11— habría formulado consideraciones vinculadas a la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, ante estudiantes.
Desde Capital Humano señalaron que, de confirmarse los hechos, “podrían encuadrarse como adoctrinamiento partidario en el ámbito escolar”. En la nota enviada a la Provincia se remarcó que “este tipo de situaciones podría afectar la integridad psicológica de los alumnos, su derecho a una educación cívica adecuada y el libre desarrollo del pensamiento”.
El ministerio recordó que la “Constitución Nacional garantiza el derecho de enseñar y aprender, y que los tratados internacionales con jerarquía constitucional protegen la libertad de expresión y de conciencia”.
En ese marco, citó “la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y la Ley 26.206 de Educación Nacional, que establece que los alumnos deben ser respetados en su libertad de conciencia y protegidos frente a cualquier forma de agresión psicológica”.
También se mencionó “la Ley 26.892 de convivencia escolar y los decretos 415/06 y 1086/24, este último vinculado a la libertad de pensamiento y actuación de niños y adolescentes”. Según se destacó, la imposición de posturas político-partidarias en el ámbito educativo podría vulnerar derechos fundamentales como la dignidad, la integridad personal y la libertad de los estudiantes.
En el mismo sentido, la cartera nacional recordó que la “Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece que la educación debe respetar la libertad de conciencia, y que el Reglamento General de Instituciones Educativas bonaerense prohíbe la colocación de símbolos partidarios en las escuelas”.
En su presentación formal, el Ministerio de Capital Humano solicitó que “se informe si se inició una investigación para determinar la veracidad de los hechos; qué medidas se adoptarán en caso de confirmarse; qué mecanismos existen para prevenir o sancionar situaciones de adoctrinamiento; si hubo antecedentes similares; y cuáles son los protocolos vigentes para garantizar el pluralismo y la libertad de pensamiento en las instituciones educativas”.
Desde Capital Humano indicaron que aguardarán la respuesta oficial dentro de las competencias previstas por la Ley de Educación Nacional.