El militante de los Derechos Humanos Fernando Albareda contó que encontró a su madre Susana Beatriz Montoya (76) asesinada en el patio de su casa, alertó que había recibido amenazas de muerte en diciembre y sostuvo que el móvil del crimen puede estar vinculada al cobro de un resarcimiento por la desaparición en la dictadura militar de su padre Ricardo Fermín Albareda.
El crimen, cometido en la propiedad de la calle Miguel Andrés Caminos al 4800, del barrio Ampliación Poeta Lugones, en la ciudad de Córdoba, encendió las alarmas, denotando la extrema preocupación por las amenazas del episodio y su vinculación con los Derechos Humanos.
El esposo de Susana y padre de Fernando era el subcomisario Albareda, secuestrado y desaparecido durante la dictadura cívico-militar en septiembre de 1979 por personal del Departamento 2 de Informaciones de la Policía de Córdoba (D2), y llevado al centro clandestino Casa Hidráulica, a la vera del Lago San Roque.
Fernando Albareda brindó detalles sobre los acontecimientos que rodean la muerte de Susana Montoya en los medios. «La casa estaba desordenada. Le pedí permiso a la vecina para subirme al techo porque no me contestaba el teléfono y me encontré con el cuerpo de mi madre en el piso. Vi que estaba muerta y llamé a la Policía”, reveló sobre el momento en el que descubrió el trágico hecho.
«Yo le decía a mi mamá que no pasaba nada» sostuvo en relación con las amenazas, pero dijo que «cruzaron todo límite».
Si bien no reveló detalles de la autopsia, Fernando admitió que, junto a su hermano, sintieron «mucha impotencia» por el estado en el que quedó Susana, de modo que no quisieron verla hasta antes del velorio, que se realizará este lunes al mediodía.
Además, contó que su madre estaba por cobrar una recuperación económica por el secuestro y asesinato de su esposo. «Siempre supo que le escuchaban el teléfono», sostuvo y recordó que su madre prefería no comunicarse por esa vía.
La familia convivió con aquellas intimidaciones durante la instrucción de la causa que investigó el secuestro y la desaparición de su papá y, sobre todo, durante el juicio oral en el que fueron condenados el genocida Luciano Benjamín Menéndez y los policías retirados Rodolfo Campos, Armando Cejas y Hugo Britos, todos ex miembros del D2.
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