En medio de la semana del Ni Una Menos y en un contexto de preocupante aumento de femicidios, el gobierno nacional ha tomado la controvertida decisión de disolver la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, el último vestigio del ex Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades.
Esta medida elimina un organismo estatal crucial para la prevención de la violencia machista y el apoyo a sus víctimas. El gobierno debe asegurar la implementación de políticas integrales para combatir este flagelo y brindar asistencia a las víctimas y sus familias. Hace apenas dos semanas, la Subsecretaría fue transferida del ámbito de Capital Humano al Ministerio de Justicia, donde se esperaba que algunas de sus funciones fueran absorbidas.
La renuncia «indeclinable» de Claudia Barcia, quien encabezaba la Subsecretaría desde febrero, ha sido un punto de inflexión. En su comunicado de dimisión, Barcia expresó haber tomado la decisión luego de que el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, le informara por WhatsApp el miércoles por la noche que la Subsecretaría «dejará de existir». Posteriormente, el Ministerio de Justicia confirmó esta medida.
Esta decisión ha generado una ola de críticas desde organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres y diversidades. A pesar de que la Subsecretaría ya estaba debilitada, representaba la única institucionalidad dentro del Ejecutivo destinada a combatir la violencia de género.
Es importante destacar que esta acción del gobierno contradice la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres, aprobada por el Congreso en 2009, que obliga al Estado a contar con un área específica dedicada a este fin.
La falta de declaración pública o despedida por parte de Barcia, quien se destacó por su reserva desde que asumió el cargo hace cinco meses, ha añadido incertidumbre y preocupación al panorama.
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