ARGENTINA APELARÁ AL FALLO POR LA EXPROPIACIÓN DE YPF

Gabriela Cerruti, la portavoz presidencial, aseguró que el Gobierno Nacional apelará inmediatamente al fallo de la jueza Loretta Preska. La jueza determinó un resarcimiento por la expropiación y recuperación de YPF por parte del Estado en 2012.

Este viernes la jueza Loretta Preska sentenció desde Nueva York que Argentina deberá pagar un resarcimiento por la reestatización de YPF. Preska se pronunció en el juicio que había iniciado el fondo Burford contra el Estado Nacional. La jueza escuchó los argumentos de ambas partes y estableció un monto indemnizatorio que en rigor no tiene plazo.

Desde «Buford Capital» dispusieron un techo de 16 mil millones de resarcimiento por incumplimiento de contrato por parte del gobierno argentino. Por su parte, la defensa argentina, que está en manos de la Procuración del Tesoro, aseguró que «el Tribunal debe fijar en cero los intereses de demora debido a la enorme ganancia que recibirán los demandantes en cualquier escenario».

«Seguiremos defendiendo la soberanía energética y nuestra empresa estatal YPF frente a los fondos buitres» expresó vía redes sociales la portavoz presidencial.

El Gobierno Nacional apelará al fallo dictado con el argumento de que el fondo buitre recompró los derechos de litigio a otros acreedores, entre ellos el grupo Petersen, conformado por empresas argentinas.

Asimismo, se encuentra en disputa la fecha de expropiación de la petrolera. La parte demandante la sitúan el 16 de abril de 2012, cuando se envió el proyecto de ley de expropiación al Congreso y se emitió un decreto que designó un interventor del Ejecutivo que desplazó al directorio de YPF. Sin embargo, el Estado argentino indica que no fue antes del 7 de mayo de 2012, cuando entró en vigor de la Ley de Expropiación 26.741 que facultó al ejecutivo a empezar a ejercer los derechos políticos y económicos de las acciones.

El primer paso de la apelación fue confirmada este mediodía por parte del gobierno de Alberto Fernández, que instruyó al estudio jurídico que lo representa para iniciar los trámites y ponerle un freno a la posible sanción.

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