La Cámara de Apelaciones de la ciudad de Dolores aceptó que los detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa sean considerados “particulares damnificados” en una causa en la que su defensa denunció por presunta falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad a la fiscal que intervino en la investigación del caso, informaron fuentes judiciales.
Se trata de una presentación del 13 de febrero de 2020, en donde se denunció por “falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y privación ilegítima de la libertad” a la doctora Verónica Zamboni y a la defensora oficial doctora María Verónica Olindi Huespi. También a dos secretarios de la fiscalía de Dolores.
La denuncia de Tomei apuntó directamente a la titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°6 de Villa Gesell, por lo que el letrado buscó que Zamboni sea apartada de la causa por no haber indagado a sus defendidos “de manera correcta”. El abogado aseguró que los rugbiers, tras ser detenidos, no fueron notificados de la acusación y no se les exhibieron las imágenes del hecho.
“Las actas de las supuestas declaraciones daban cuenta que se había notificado a los imputados individualmente en audiencias separadas el hecho acusado, la prueba y los derechos. Todo en menos de tres minutos, cuando una audiencia de esas características tarda entre 15 y 20 minutos”, sostuvo Tomei.
“Posteriormente, ante un planteo de la defensa, la fiscal Zamboni reconoció por escrito que no hubo audiencias individuales. Y que supuestamente la noche de domingo 19 de enero de 2020 les habló a todos juntos sobre el homicidio, de pie y en una sola oficina de la Fiscalía, en presencia de la defensora oficial que permitió el acto ilegal”, agregó.
El tribunal de apelaciones revocó el último martes la resolución del magistrado, y consideró que Máximo Thomsen, de 22 años; Ciro Pertossi, de 21; Luciano Pertossi, de 20; Lucas Pertossi, de 22; Enzo Comelli, de 21; Matías Benicelli, de 22; Blas Cinalli, de 20, y Ayrton Viollaz, de 22, que aguardan el inicio del juicio oral por el crimen, pueden impulsar la acción penal contra la fiscal en esta causa, que permanece archivada.
A partir de esta resolución de la Cámara, la defensa de los detenidos, imputados por el delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”, podrá tratar de reactivar la acusación contra la fiscal, con pedidos de medidas de prueba nuevas.
Los detenidos, en tanto, continúan alojados en la Alcaidía 3 del penal de Melchor Romero, donde cumplen prisión preventiva y aguardan el inicio del juicio por el homicidio ocurrido frente al boliche Le Brique.
El juicio oral se desarrollará desde el 2 de enero de 2023 y a lo largo de 22 jornadas, con la participación de más de 130 testigos, en el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Dolores.