Luego de las negociaciones, se llegó a un acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional en relación a la forma en que se replantearán las tarifas de servicios. Esto se produce en medio de la incertidumbre en los mercados energéticos mundiales y su impacto a nivel global en los precios de la energía.
Según lo informado a través de fuentes oficiales, el Gobierno nacional se comprometió a “procurar el logro de nuestros objetivos económicos y fiscales más amplios”. Sin embargo se enfatizó el objetivo de llegar a tarifas “razonables” para los servicios públicos de gas y electricidad. De esta forma se pretende cumplir con los criterios de “justicia y equidad contributiva”.
Se harán revisiones tarifarias que incluirán tanto usuarios residenciales como no residenciales, pero se tendrán en cuenta las propuestas de exclusión en los casos que corresponda. En el caso de los residenciales, el criterio será el coeficiente de variación salarial (CVS). A partir de esto, se llevará adelante una nueva propuesta tarifaria con un esquema de segmentación de subsidios, luego de la audiencia pública convocada para fines de abril de 2022. Por otro lado, los subsidios estatales se enfocarán a los usuarios vulnerables y con menor capacidad de pago. Además, se pondrán en marcha diversas medidas orientadas al uso racional de los servicios.
Se programó una segmentación de los servicios en tres niveles durante el período 2022-2023. Esto se realizará de acuerdo a cada uno de los servicios. Habrá:
a) Usuarios que dejarán de ser beneficiarios del subsidio al consumo energético por su plena capacidad de pago.
b) Usuarios beneficiarios de la tarifa social, para quienes el incremento total en su factura para cada año calendario será equivalente al 40% del CVS del año anterior.
c) El resto de los usuarios, para quienes el incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80% del CVS correspondiente al año anterior.
Además, en el período 2022-2023 no se podrán contemplar otros incrementos más allá de los topes previstos para las categorías de usuarios b) y c). En 2022 se incluirán para el cálculo todos los aumentos que se hayan aplicado durante todo el año calendario.
En cuanto a los usuarios no residenciales, la propuesta contemplará el pago de la tarifa plena para el caso de los Grandes usuarios de distribuidor (Gudi). El resto tendrá una revisión tarifaria de acuerdo a lo que se defina en la audiencia pública.
De esta forma se ideará un plan energético a mediano plazo que llevará adelante
En ese sentido, se desarrollará un plan energético de mediano plazo que incluirá acciones tendientes a:
- Incentivar la inversión privada y pública con el objetivo de aumentar la generación y transmisión de energía. Estará incluida la construcción de gasoductos y la expansión de la capacidad de producción de GNL y energías renovables.
- Reducir las pérdidas en el segmento de distribución. De esta forma se realizarán mejoras en los medidores, la facturación y la cobranza.
- Mejorar la eficiencia del consumo energético y la conservación del recurso.
- Fortalecer la focalización y la progresividad de los subsidios energéticos.
- Asegurar que, con el tiempo, las tarifas energéticas de los consumidores finales residenciales y no residenciales reflejen mejor y de manera más predecible los costos mayoristas del gas y la electricidad.