Se trata de la hoja de ruta definida por el Ministerio de Trabajo y el gabinete económico, que debe convalidar en última instancia Alberto Fernández, respecto de dos de las medidas clave sobre las que el Gobierno buscó blindar los puestos de trabajo desde el arranque de su gestión y, en particular, a partir de la pandemia.
El gobierno nacional hasta el momento no anunció la continuidad de la medida por lo que se estima que no lo hará, producto de la recomposición progresiva de la economía que se viene dando en los últimos meses.El agravamiento de las indemnizaciones arrancó con la gestión del Frente de Todos con la duplicación de los montos y se mantuvo en el tiempo como un recargo del pago legal que en la actualidad tiene un tope de 500 mil pesos.
La prohibición de las cesantías, en tanto, fue implantada en marzo de 2020 como coletazo directo de las tensiones en el mercado laboral por las restricciones a la actividad económica derivadas de la crisis sanitaria. Desde entonces el sindicalismo bregó por mantener ambas medidas y las cámaras empresarias, por derogarlas con el argumento de que representaban un desaliento a la creación de empleo.
La prohibición de despidos dejará de regir el 1 de enero de 2022 y el recargo indemnizatorio vigente para las cesantías que de todos modos se producen se reducirá a partir de ese día de manera gradual hasta desaparecer antes de mitad de año.
Se trata de la hoja de ruta definida por el Ministerio de Trabajo y el gabinete económico, que debe convalidar en última instancia Alberto Fernández, respecto de dos de las medidas clave sobre las que el Gobierno buscó blindar los puestos de trabajo desde el arranque de su gestión y, en particular, a partir de la pandemia.
El gobierno nacional hasta el momento no anunció la continuidad de la medida por lo que se estima que no lo hará, producto de la recomposición progresiva de la economía que se viene dando en los últimos meses.El agravamiento de las indemnizaciones arrancó con la gestión del Frente de Todos con la duplicación de los montos y se mantuvo en el tiempo como un recargo del pago legal que en la actualidad tiene un tope de 500 mil pesos.
La prohibición de las cesantías, en tanto, fue implantada en marzo de 2020 como coletazo directo de las tensiones en el mercado laboral por las restricciones a la actividad económica derivadas de la crisis sanitaria. Desde entonces el sindicalismo bregó por mantener ambas medidas y las cámaras empresarias, por derogarlas con el argumento de que representaban un desaliento a la creación de empleo.