Los asesoramientos realizados en Villa Gesell, Chascomús, Punta Indio y Merlo, incorporados al sistema creado por la Resolución 1096/20 por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak alcanzó los 60 municipios bajo este plan.
La provincia de Buenos Aires tiene 29.000 funcionarias, funcionarios y agentes de la administración pública provincial que ya presentan su DDJJ Patrimonial. Además, el nuevo sistema PBA-AFIP posibilita a los 135 municipios utilizar el sistema y alcanzar así a más de 50.000 personas.
La Subsecretaria de Transparencia Institucional bonaerense, Ana Laura Ramos, expresó que la Red de Oficina de Transparencia “es una herramienta fundamental dentro del nuevo paradigma de la gestión pública, destinado a fortalecer la participación ciudadana con transversalidad, perspectiva de género y alta visibilidad de la administración de los fondos del Estado en todos sus niveles”.
En Merlo, el equipo del ministerio fue recibido por el Director de Anticorrupción, Juan Gabriel Castaño, con quien comenzaron a capacitar en la implementación del Canal de Denuncias, Código de Ética, programa Construyendo Transparencia PBA y Protocolo de Gestión de Conflicto de Intereses.
El programa Construyendo Transparencia PBA, tiene como objetivo asesorar, brindar asistencia técnica y colaboración para el desarrollo de un Plan Estratégico de Transparencia, destinado a empresas con participación estatal mayoritaria, entidades deportivas, entidades de Derecho Público no estatal, universidades públicas y privadas, empresas recuperadas, asociaciones civiles, entidades civiles, PyMES, sindicatos, colegios profesionales.
Para ello, se establecerán lineamientos que deberán instrumentarse al interior de las organizaciones y se desarrollarán a través de planes de acción específicos, cuyo contenido versará sobre la transparencia, integridad y ética pública.
Por otra parte, el Protocolo de Gestión ante Conflictos de Intereses tiene como objetivo la detección y resolución de conflictos de intereses en los que pudieran verse involucrados quienes se desempeñan en la función pública, con el objeto de fortalecer los estándares de integridad y transparencia.