El escándalo que sacude a Frigorífico General Pico dejó al descubierto una presunta maniobra financiera que habría burlado la confianza de toda la cadena comercial vinculada a la empresa. Mientras los proveedores de ganado extendían sus plazos de cobro y los bancos sostenían líneas de crédito con la esperanza de una recuperación, los entonces directivos canalizaban silenciosamente cerca de $16.500 millones hacia LDL, una sociedad equina de su propia propiedad. La documentación incorporada al concurso preventivo revela que estos fondos salieron de las arcas del frigorífico en un momento de máxima vulnerabilidad, cuando la compañía necesitaba desesperadamente capital para mantener la faena, comprar hacienda y garantizar el pago de los salarios de sus empleados.
El engaño a los acreedores resulta particularmente grave si se considera que muchos de ellos confiaron en la palabra de los Lowenstein y aceptaron refinanciar deudas o postergar vencimientos, ignorando que el dinero que debería haber servido para sanear el pasivo se estaba esfumando hacia un negocio particular. La situación configura un claro abuso de posición dominante, ya que quienes tomaban las decisiones financieras del frigorífico eran los mismos que se beneficiaban económicamente con el desvío. Este conflicto de intereses no solo viola los deberes de lealtad y diligencia que todo administrador debe a la sociedad, sino que también podría encuadrar en figuras penales como la administración fraudulenta, castigada con penas privativas de la libertad.
Los investigadores judiciales, que ya realizaron un allanamiento en la planta de Trenel y secuestraron valiosa documentación, intentan ahora determinar si existió un plan deliberado para perjudicar a los acreedores en beneficio de la familia Lowenstein. Las declaraciones testimoniales recibidas hasta el momento apuntan a que los movimientos de capital no tenían justificación comercial ni respaldo en operaciones reales, lo que refuerza la hipótesis de un vaciamiento intencional. La Justicia penal avanza con celeridad, consciente de que la recuperación de esos fondos es la única posibilidad de que los acreedores cobren algo de lo que se les adeuda y de que el frigorífico pueda reestructurar su pasivo y volver a operar con normalidad. En este contexto, los $16.500 millones desviados a LDL se han convertido en el símbolo de una gestión que priorizó el interés privado por sobre la supervivencia de la empresa y el trabajo de cientos de familias.