EDUCACIÓN: LA UBA FRENÓ LA EMERGENCIA PRESUPUESTARIA

Luego de que el Gobierno aprobara aumentos del 270% en los gastos de funcionamiento y del 300% para los hospitales, el Consejo Superior de la universidad definió suspender la emergencia presupuestaria.

El financiamiento anunciado es solo para la UBA: el resto de las universidades nacionales advirtieron que no está resuelto el problema de las otras 60 instituciones de educación superior estatales que funcionan en todo el país y que se movilizaron el pasado 23 de abril.

En dos resoluciones emitidas por la Secretaría de Educación y firmadas por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, el Ministerio de Capital Humano otorgó refuerzos por 26.016 millones de pesos para gastos de funcionamiento y de 35.436 millones de pesos para “sostener los niveles de atención de la salud” de la UBA.

Fuentes de la Universidad aclararon que los nuevos fondos garantizados por el Gobierno están destinados “exclusivamente al funcionamiento operativo de esta institución” y que “continúa la preocupación por la cuestión salarial, investigación e infraestructura”.

Desde la UBA explicaron que las nuevas resoluciones implican una actualización de los gastos de funcionamiento del 270% interanual con respecto al presupuesto 2023, y de 300% para los hospitales universitarios y las áreas vinculadas con la asistencia de la salud.

“Las sumas indicadas, si bien se encuentran por debajo del presupuesto óptimo para el funcionamiento pleno de la Universidad, posibilitan una programación presupuestaria, imposible hasta el momento”, señaló el Consejo Superior en una resolución emitida hoy. Por esa razón, la Universidad decidió suspender la emergencia presupuestaria que había declarado hace poco más de un mes.

Por el contrario, el resto de las universidades nacionales continúan reclamando desde principio de año, y fueron quienes convocaron a la Marcha Federal Universitaria del pasado 23 de abril, advirtieron que no tienen novedades sobre sus presupuestos y denunciaron una “discriminación federal”.

Se trata de al menos 60 institutos los que insisten en la necesidad y urgencia de que el Estado les transfiera el monto de dinero requerido para garantizar su normal funcionamiento y el dictado de clases.

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