Mandatarios de las provincias de la Patagonia rechazaron en unicidad los cambios que propone la “Ley ómnibus” en la actividad pesquera. “Afectarían gravemente la economía nacional y el desarrollo de la actividad pesquera, abriendo el acceso del Mar Argentino a buques extranjeros” expresaron.
Los gobernadores de Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Neuquén rechazaron las modificaciones a la actividad pesquera planteadas en el proyecto de Ley ómnibus enviado al Congreso por el Gobierno nacional. La misma será tratada en el período de sesiones extraordinarias.
Los mandatarios expresaron su preocupación de llevarse a cabo las modificaciones contempladas en la iniciativa porque «afectarían gravemente la economía nacional y el desarrollo de la actividad pesquera».
El rechazo se ratificó por medio de un comunicado conjunto de los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres; de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Santa Cruz, Claudio Vidal; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de Neuquén, Rolando Figueroa.
Los tres ejes principales de preocupación para las autoridades patagónicas son:
- la modificatoria en la obligatoriedad de descarga en los puertos argentinos
- la competencia desigual en los cupos de captura
- la eliminación de la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina.
En primer lugar, plantearon su preocupación por la derogación del Artículo 25° del Régimen Federal de Pesca (Ley 24.922) que obliga a descargar toda la pesca de los barcos que tengan licencia argentina en puertos de nuestro país, con el claro fundamento de generar empleo directa e indirectamente en el suelo nacional.
El segundo aspecto que preocupa tiene que ver con el Artículo 27° del régimen, según el cual para acceder a los distintos cupos de especies se tenía en consideración el historial de capturas de los últimos 10 años de una empresa, su capacidad de inversión y el empleo que había generado, entre otros aspectos.
“La modificación propuesta en la nueva ley indica que nada de todo esto tendría ya valor, sino que quedaría sujeto únicamente a una licitación pública entre empresas argentinas y extranjeras, dando lugar así a una competencia absolutamente desigual”, advirtieron los mandatarios del sur del país.
Por último, el Artículo 40° de la Ley 24.922 establecía que el 75% del personal embarcado debía ser de nacionalidad argentina, con diez años de residencia en el país. Los gobernadores manifestaron que “esto afectaría fuertemente el sistema de empleo de la región”.
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