El Gobierno Nacional flexibilizó la normativa sobre armas de fuego para uso civil y modificó los requisitos de tenencia en las fuerzas de seguridad. El primero de ellos, el decreto 397/2025, lleva las firmas de Javier Milei, Guillermo Francos y Patricia Bullrich y establece que desde ahora los particulares podrán solicitar autorización especial para adquirir armas semiautomáticas alimentadas con cargadores removibles, así como carabinas y subametralladoras derivadas de armamento militar de calibre superior al .22 LR.
Este tipo de armamento estaba restringido al uso exclusivo de las Fuerzas Armadas según el decreto 64/1995. Sin embargo, los considerandos de la nueva norma señalan que el régimen anterior restringía «al mínimo la concesión de tales permisos», explicó el blog especializado Palabras del Derecho. Además, se habilita la utilización de estas armas para actividades deportivas y se designa a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) como autoridad de aplicación para el control especial de este tipo de armamento.
Hasta ahora, quienes portaban armas de guerra debían renovar su autorización cada año. Sin embargo, el Gobierno argumentó que realizar este trámite anual representaba «una carga excesiva» para los efectivos, y que las propias autoridades institucionales son «las más indicadas para evaluar si sus subalternos han adquirido o mantienen las condiciones necesarias para el uso de armas, en la categoría de la que se trate en cada caso».
Según el texto oficial, cuando una fuerza autoriza la entrega de un arma a un efectivo significa que ya se lo considera «física y psicológicamente apto para asumir la responsabilidad de su tenencia y portación». Por lo tanto, si el mismo efectivo adquiere otra arma de forma particular, «su situación no cambia respecto del grado de responsabilidad».
En palabras del Poder Ejecutivo, la intención de estas medidas es «desregular y simplificar los trámites necesarios para el registro legal de las armas de fuego», agregó Palabras del Derecho.