El programa, según el boletín oficial, consiste en la transferencia por parte del Estado nacional de una suma por mes equivalente al 50 o 30 por ciento de la remuneración neta mensual declarada por el empleador al momento de la inscripción, que permanecerá abierta durante octubre, noviembre y diciembre.
El objetivo principal de este nuevo recurso, basado en la Recuperación Económica, Generación de Empleo e Inclusión Social, es lograr reducir la informalidad en el sector de las trabajadoras de casas particulares.
En este contexto, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta, que participó de la reunión que mantuvo el Presidente Alberto Fernández en Casa Rosada previa al anuncio, destacó que «el Estado va a pagar entre el 30 y el 50 por ciento del sueldo por seis meses», al tiempo que alertó a los empleadores y llamó al “compromiso” para reducir el trabajo en negro.
«El programa busca generar empleo en un sector absolutamente feminizado. El 98 por ciento de las personas que trabajan en casas particulares, son mujeres. Además, se propone reducir la informalidad de las trabajadoras domésticas y bancarizarlas», detalló Gómez Alcorta.
En relación a la situación económica y laboral en la que quedaron las trabajadoras de casas particulares no registradas durante la pandemia, el foco también estaría puesto en «recuperar empleos perdidos durante la pandemia del coronavirus, apoyar a las empleadoras y los empleadores, y contribuir a una mayor formalización en el sector».
En ese sentido, el ministro de Economía, Martín Guzmán, explicó que “la pandemia ha sido desigualadora en todo el mundo, y ha afectado especialmente a la situación económica de las mujeres. El rol activo del Estado es fundamental para atacar estas desigualdades y el esquema de políticas públicas que venimos adoptando tiene como una de sus bases esa premisa”.
«A la trabajadora se le abre una cuenta bancaria y el dinero va directamente ahí, lo que nos permite fiscalizar que el otro 50 por ciento del sueldo sea pagado y vaya a esa misma cuenta», explicó la representante de la cartera de Mujeres, en tanto que aclaró que, a cambio, los empleadores deberán tomar el compromiso de “mantener el puesto de trabajo los cuatro meses posteriores a la finalización del beneficio».
A su vez afirmó que si se echa a una empleada «no se puede volver a contratar a otra persona e inscribirla al programa» y remarcó que «los empleadores no pueden tener más de una persona bajo el régimen de este programa».
Por último, la funcionaria también recordó que el programa es compatible con la Asignación Universal por Hijo, Asignación Universal por Embarazo, Tarjeta Alimentar, Progresar, Potenciar Trabajo y otros.