La miembro de Juntos por el Cambio, continúa su campaña presidencial mostrándose con Néstor Grindetti, precandidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, y ahora recorre la zona oeste.
Patricia Bullrich visitó Merlo junto a la precandidata local, Aldana Ahumada, y el reconocido por su inmobiliaria, Pablo Cocuzza. En la jornada se reunieron con trabajadores de deliverys y comerciantes del amplio centro comercial de la Avenida Libertador.
La ex ministra de seguridad tomo la palabra al finalizar el recorrido en la Plaza Néstor Kirchner para declarar que ha recibido múltiples quejas sobre la inseguridad en el distrito por parte de los comerciantes, en la base de estas quejas ratificó lo que viene expresando en su campaña: “Bajar la edad de imputabilidad aquí en el país es una deuda de la democracia, porque hoy tenemos un sistema totalmente antiguo y necesitamos un sistema moderno».
Bullrich continúa poniendo el eje de su campaña en la Seguridad a pesar de ser repudiada por sus declaraciones en la última recorrida que tuvo con Grindetti. La ex ministra se había expresado en defensa del policía de Ituzaingó que asesinó a un delincuente en la localidad de Moreno el pasado 23 de mayo. Además, señaló que en la Provincia se debería poner en marcha “un proyecto que tiene Néstor (Grindetti) de darle más poder a la policía en las zonas”.
La precandidata continúo con la línea discursiva de aumentar el rigor de las fuerzas de seguridad y la legislación, con la declaración de que enviarán desde Juntos por el Cambio un paquete de proyectos donde se encuentre la baja de edad de imputabilidad. «Porque un menor que delinque tiene que saber que tiene consecuencias» dijo Bullrich en la Plaza Néstor Kirchner de Merlo.
La precandidata en su gestión en el Ministerio de Seguridad, entre los años 2015 y 2019, tuvo un crecimiento exponencial de casos de muertes bajo custodia y gatillo fácil, y en solo cinco meses sucedieron los hechos del caso Santiago Maldonado, el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel y el famoso caso Chocobar, el cual concluyó con el reglamento del uso de armas de fuego por parte del Poder Ejecutivo y rompió el paradigma de la propia Ley de Seguridad Interior.