El Presidente Javier Milei firmó el el decreto que veta por completa la nueva ley de movilidad jubilatorio que tendría un costo del 62% del PBI, pero se desmintió a sí mismo en el DNU. El costo fiscal de la nueva ley de movilidad jubilatoria es de 1,64% del PBI en 2025, es decir, 37 veces menor.
«Tomaron una medida que le cuesta a los argentinos 370.000 millones de dólares y eso les arruina la vida a nuestros hijos, nietos y a varias generaciones futuras”, había dicho Milei hace unos diez días durante su discurso en la Bolsa de Comercio de Rosario.
“Ayer los degenerados fiscales votaron, en gran mayoría, un disparate que implica 62% del PBI de toma de deuda”, agregó en el mismo sentido.
De esta manera, quedó vetada la ley que buscaba poner el salario de jubilados y pensionados por encima del índice de pobreza.
Sin embargo, estas cifras fueron desmentidas por el decreto firmado por el propio Milei (y el resto de su Gabinete). Concretamente, en los considerandos, el DNU afirma que «el referido proyecto de ley, en caso de ser aplicado, implicaría para el Estado nacional un gasto adicional al previsto de aproximadamente SEIS BILLONES CIENTO SESENTA MIL MILLONES DE PESOS ($6.160.000.000.000.-) para el año 2024; y de QUINCE BILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL MILLONES DE PESOS ($15.430.000.000.000.-) para el año 2025».
También cuantifica estos números en términos de PBI. «Los citados importes equivalen al UNO COMA DOS CENTÉSIMOS POR CIENTO (1,02%) del Producto Bruto Interno (PBI) calculado para el año en curso; y de UNO COMA SESENTA Y CUATRO CENTÉSIMOS POR CIENTO (1,64%) de aquél, estimado para el año entrante», es decir, 2024 y 2025 respectivamente. Señaló también el decreto en sus considerandos. Se trata de una cifra 37,8 veces menor al 62% que había dicho el Presidente.
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