Diputados y legisladores porteños denuncian que el ministro de Defensa, Luis Petri, desmanteló el área que investigaba los crímenes de la dictadura. «Hay una intención de ocultar para beneficiar a los genocidas», dijo el abogado querellante Pablo Llonto junto a diputados, referentes de derechos humanos y trabajadores despedidos en conferencia de prensa.
En una conferencia de prensa de la Legislatura porteña este viernes denunciaron el freno en investigaciones sobre crímenes de la dictadura militar.
“Esto se da en el contexto en el que el gobierno pide la reconciliación con las Fuerzas Armadas”, advirtió Victoria Montenegro, legisladora por Unión por la Patria (UxP) y presidenta de la comisión de Derechos Humanos de ese cuerpo legislativo.
Los equipos de relevamiento y análisis (ERyA) documental que funcionaron dentro de las Fuerzas Armadas desde 2010, sufrieron un gran desmantelamiento y despidos de personal.
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Estos equipos aportaron más de 170 informes en las causas de lesa humanidad que ayudaron a los tribunales y a las fiscalías investigar a quienes fueron responsables de los secuestros, las torturas, las desapariciones y la apropiación de bebés durante los años del terrorismo de Estado.
La decisión de Petri generó conmoción en buena parte del movimiento de derechos humanos y en los operadores judiciales. Por ese mitivo distintos referentes y legisladores se reunieron desde las 9 de la mañana en el salón Perón de la Legislatura Porteña para realizar una denuncia en conjunto.
“Queremos denunciar el vaciamiento de un área muy sensible para el seguimiento de los juicios”, inició en la conferencia la legisladora porteña e hija de desaparecidos, Victoria Montenegro.
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