Mariano Federici, ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante el gobierno de Macri, parece estar en el centro de la polémica sobre la posible inclusión de Argentina en la «lista gris» del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Esta situación representaría un duro revés para el gobierno de Javier Milei y sus esfuerzos por recuperar el acceso a los mercados internacionales.
Desde hace días, circula con fuerza el rumor de que la evaluación del GAFI sugiere que Argentina podría ser colocada en la lista de países que no cumplen con las normas para combatir el lavado de dinero, lo que tendría graves consecuencias económicas. Para evitar esta medida, un grupo de funcionarios viajó a París esta semana con el objetivo de influir en la decisión del GAFI, cuyo fallo se espera para octubre.
LPO ha tenido acceso a un informe que detalla la deficiente evaluación del GAFI sobre Argentina y subraya la implicación de la empresa de consultoría K2 Integrity, en la que Federici está involucrado. El informe revela que el gobierno de Milei promovió una millonaria contratación de K2 Integrity con el fin de recibir asesoramiento sobre la evaluación del GAFI y realizar lobby para evitar la inclusión en la lista gris.
El informe indica que, aunque el contrato con K2 Integrity no se firmó, la UIF entregó información confidencial sobre la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo a la empresa de Federici. Se había previsto un contrato de 600 mil dólares a ser pagado con fondos discrecionales de ACARA bajo el Ministerio de Justicia, pero las diferencias internas impidieron su ejecución, aunque la información sensible sí fue compartida.
El informe también señala que la presencia repentina de la consultora de Federici en reuniones con el equipo evaluador del GAFI generó desconfianza, especialmente cuando se descubrió que no había un contrato formal entre K2 Integrity y la UIF o el Ministerio de Justicia. Además, el gobierno contrató a la firma de Federici a través del Banco Central para capacitar al personal en prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
La situación se complica aún más debido a una reciente auditoría realizada por la Auditoría General de la Nación sobre la gestión de Federici al frente de la UIF entre 2018 y 2019, que identificó múltiples irregularidades, incluyendo falta de transparencia, planificación deficiente e ineficacia en el cumplimiento de sus responsabilidades.